El próximo lunes, 21 de agosto, jueces y magistrados de México se reunirán para decidir si procederán con un paro nacional en el Poder Judicial. Esta medida surge en respuesta a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha generado controversia y descontento entre los integrantes del sistema judicial.
La reunión, que se llevará a cabo de manera extraordinaria, tiene como objetivo definir si el Poder Judicial entra en un paro generalizado, en protesta por la reforma que, según sus críticos, atenta contra la independencia judicial y podría afectar la impartición de justicia en el país.
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El posible paro ha sido considerado como un acto de defensa de la autonomía del Poder Judicial, frente a lo que consideran una intromisión del poder ejecutivo en sus funciones. Diversos sectores de la sociedad civil, así como expertos en derecho, han expresado su preocupación por las implicaciones de la reforma y el impacto que podría tener en la justicia mexicana.
La decisión que se tome el lunes será crucial, ya que marcará la postura de los jueces y magistrados frente a una de las reformas más controvertidas de la administración actual. Se espera que, de aprobarse el paro, las actividades judiciales en todo el país se vean afectadas, con consecuencias tanto para los procesos en curso como para la percepción pública del sistema judicial.
