El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta el mayor reto de su historia al organizar las elecciones más grandes y complejas de México, en medio de una crisis institucional y política que ha generado divisiones internas y externas.
El próximo 2 de junio, más de 97 millones de ciudadanos podrán elegir a sus representantes en 20 mil 375 cargos federales y locales, incluyendo la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, 31 congresos locales y mil 596 ayuntamientos.
Para ello, el INE ha desplegado un enorme operativo logístico y humano que implica la contratación de más de 47 mil capacitadores y supervisores electorales, la impresión de 317 millones de boletas, la instalación de 170 mil casillas y la transmisión de 52 millones de spots de radio y televisión.
Sin embargo, el organismo electoral también ha tenido que sortear una serie de obstáculos y conflictos que han puesto en duda su capacidad y autonomía para garantizar la equidad, la legalidad y la transparencia del proceso.
Entre estos se encuentran la falta de nombramiento de nueve directores ejecutivos y del secretario ejecutivo del INE, lo que ha provocado vacíos de poder y enfrentamientos entre dos grupos de consejeros, uno afín al presidente Lorenzo Córdova y otro crítico de su gestión.
Asimismo, el INE ha tenido que lidiar con la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, quien dejó el cargo tras ser cuestionado por sus colegas por presuntas irregularidades administrativas y financieras.
El TEPJF es el órgano encargado de resolver las impugnaciones y controversias que se presenten durante el proceso electoral, por lo que su estabilidad y credibilidad son fundamentales para la certeza jurídica de los comicios.
Además, el INE ha enfrentado la presión y el escrutinio de los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación y la sociedad civil, que han cuestionado sus decisiones, sus criterios y sus resultados en diversos temas, como el registro de candidaturas independientes, la fiscalización de los recursos, la asignación de tiempos en radio y televisión, la organización de los debates, la aplicación de acciones afirmativas y la garantía de la paridad de género.
Ante este panorama, el INE ha hecho un llamado a la colaboración y el respeto de todos los actores políticos y sociales, así como a la participación activa y consciente de los ciudadanos, para que las elecciones del 2024 sean un ejercicio democrático exitoso y ejemplar.
