Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla y candidato del PRIAN, ha sido centro de una polémica considerable, enfrentando acusaciones de un desfalco de 411 millones de pesos durante su gestión de 2011 a 2014. A pesar de que el Congreso del estado le impuso una sanción en 2017, consistente en una multa de 25.5 millones de pesos y una inhabilitación de 12 años, la intervención de la Auditoría Superior del Estado fue decisiva para evitar una condena completa. Leobardo Rodríguez, regidor de Morena, indicó que detrás de la falta de una condena definitiva había un pacto político diseñado específicamente para permitir que Rivera Pérez participara en las elecciones municipales de 2018, apoyado por maniobras legales que facilitaron su candidatura a pesar de las acusaciones pendientes.
Durante su campaña, surgieron numerosas controversias en torno a su inocencia y las responsabilidades administrativas derivadas de su gestión anterior. Estas preocupaciones fueron exacerbadas por el contexto político del momento, caracterizado por intensas pugnas electorales y movimientos estratégicos dentro del PAN y otros partidos políticos en Puebla.
El 7 de abril de 2017, el Congreso del estado inició un Procedimiento Administrativo de Responsabilidades (131/2016) que culminó en la inhabilitación y multa de Rivera Pérez. A pesar de estas acciones, y tras una serie de apelaciones y maniobras legales, en marzo de 2018, Rivera logró una victoria en primera instancia en su juicio de amparo, lo que reflejó la influencia de los pactos políticos mencionados.
Sin embargo, las elecciones del 1 de julio de 2018 marcaron un revés considerable para Rivera, quien fue derrotado ampliamente por la fuerza política emergente liderada por López Obrador, mientras que Martha Erika Alonso, apoyada por el morenovallismo, obtuvo una victoria marcada por acusaciones de fraude electoral.
Con la derrota a cuestas y tras haber cumplido el acuerdo político de participar en el proceso electoral para agregar todos los votos posibles a su coalición, en agosto de 2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sobreseyó el recurso de revisión presentado por la ASE, dejando firme la resolución del juzgado tercero de distrito. Este sobreseimiento significó que no se continuó con el juicio sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, permitiendo así que Rivera no tuviera que demostrar su inocencia frente a las acusaciones de mal manejo durante su administración. Este desenlace reflejó las complejidades y entramados políticos que a menudo caracterizan las disputas electorales y administrativas en México.
