En un movimiento significativo dentro de la política de seguridad pública en México, las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Esta propuesta ha generado un amplio debate entre legisladores, defensores de derechos humanos y la sociedad en general.
La reforma tiene como objetivo incluir más delitos graves bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que los acusados de estos delitos permanecerán en prisión mientras se lleva a cabo su proceso legal, sin posibilidad de salir bajo fianza. Entre los nuevos delitos que se sumarían al catálogo se encuentran el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, y el abuso sexual contra menores.
Los defensores de la reforma argumentan que esta medida es necesaria para combatir la impunidad y asegurar que los responsables de delitos graves enfrenten la justicia. Señalan que la prisión preventiva es una herramienta crucial para evitar que los acusados influyan en el proceso judicial o se den a la fuga.
Sin embargo, la reforma también ha suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de abusos y la posible violación de derechos fundamentales. Argumentan que la prisión preventiva oficiosa podría ser utilizada de manera discrecional, afectando a personas que aún no han sido condenadas por un delito.
La aprobación en comisiones es solo el primer paso en el proceso legislativo, y la reforma aún deberá ser discutida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobada, representaría un cambio significativo en la política criminal del país, alineándose con la postura de AMLO de fortalecer la seguridad y la justicia en México.
