La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no llamará a comparecer a 31 personas que habían sido citadas a declarar por el caso de espionaje con el software Pegasus a la periodista Carmen Aristegui y otros ciudadanos.
Entre los ex funcionarios que quedaron exentos de comparecer se encuentran Omar García Harfuch, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Gustavo Salas, ex subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada y Rigoberto García Campos, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
La decisión de la FGR se dio a conocer durante la continuación del primer juicio que se realiza en el país por espiar con el malware de fabricación israelí Pegasus, que se lleva a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.
La FGR argumentó que citar a los ex funcionarios sería redundante, pues el objetivo era que confirmaran la compra de Pegasus en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), lo cual ya está acreditado con documentos oficiales.
El único acusado en este juicio es Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH, una empresa que fue proveedora de distintas dependencias federales en el sexenio pasado y que vendió el software Pegasus a la PGR.
García Rivera está acusado de intervenir las comunicaciones privadas de activistas, empresarios, periodistas y ciudadanos entre enero de 2015 y julio de 2016, sin autorización judicial ni motivo legal.
Según los testigos, Pegasus es un software malicioso que se introduce en los dispositivos móviles mediante mensajes engañosos y que permite acceder a toda la información personal, así como al micrófono y a la cámara del aparato.
Los testigos también señalaron que en México 15 mil personas fueron objeto de espionaje con dicho sistema, entre ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia, sus colaboradores, sus adversarios políticos, periodistas críticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales.
El caso Pegasus ha generado una gran indignación en la sociedad mexicana y ha sido calificado como una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad.
La FGR ha asegurado que seguirá investigando a todos los responsables de este acto de espionaje y que no habrá impunidad para nadie.
