El 6 de octubre, el alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos fue encontrado decapitado en lo que las autoridades locales describieron como un ataque brutal. Este trágico evento ha causado conmoción entre los habitantes de la ciudad y ha elevado la tensión en la región, conocida por la violencia relacionada con el crimen organizado.
La cabeza fue encontrada sobre una camioneta blanca en la colonia Villa del Roble, mientras que el cuerpo se encontraba dentro del vehículo. El político, quien había asumido el cargo el pasado 1 de octubre como representante de la coalición PRI-PAN-PRD, enfrentaba una crisis debido a las inundaciones provocadas por el huracán John.
Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, confirmó la noticia y anunció que solicitarán a la Fiscalía General de la República que investigue los hechos. Por su parte, la fiscalía de Guerrero también confirmó el asesinato mediante un twitt.
Alejandro Arcos, según su cuenta de Facebook, participó el domingo en labores de reconstrucción en Tepechicotlán y había estado comprometido con la protección civil y la ayuda a los afectados por las inundaciones.
Chilpancingo en estado de alerta
La situación en Chilpancingo se ha vuelto cada vez más tensa en los últimos meses debido al incremento de la violencia. En varias ocasiones, el alcalde había denunciado amenazas en su contra, sin embargo, no se habían tomado medidas adicionales de seguridad para su protección.
Este asesinato ha generado indignación entre la población y los líderes políticos locales, quienes exigen justicia inmediata y acciones contundentes para combatir la violencia que azota al estado de Guerrero.
Reacciones políticas y sociales ante el crimen
Diversos sectores sociales y políticos han expresado su consternación por este crimen, pidiendo a las autoridades federales que intervengan en la investigación. Líderes políticos nacionales también han condenado el ataque, solicitando que se refuercen las medidas de seguridad en la región.
El crimen ha causado temor entre los habitantes de la ciudad y ha planteado serias dudas sobre la seguridad de los funcionarios públicos en Guerrero.
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