La historia de saqueo de Moreno Valle, Eduardo Rivera y Mario Riestra llevó a la entrega de la concesión del servicio de agua y drenaje en Puebla a una empresa privada. Esta acción resultó en una terrible escasez de agua y un aumento desmedido en los precios del vital líquido, afectando gravemente a la población.
Puebla es uno de los lugares de México donde el aumento de precios no generó mejoras en el servicio, al contrario propició una crisis hídrica que hoy tiene muy preocupados a los poblanos, con pozos secos y pocas alternativas de abastecimiento los poblanos sufren las malas decisiones del pasado.
Después de años de la privatización, los poblanos continúan luchando por el acceso a este recurso vital. Activistas acusan que la concesión viola los derechos humanos, especialmente en las colonias más pobres, donde no hay infraestructura adecuada.
Durante la pandemia de COVID-19, la situación se agravó. La pérdida de empleos impidió que muchas personas pudieran pagar sus facturas, lo que resultó en cortes de agua y drenaje por parte de la empresa. “Es una desgracia en términos de salud, de derechos humanos y medioambientales”, afirmó Omar Jiménez Castro, representante de la Asamblea Social del Agua (ASA). Desde 2013, cuando se privatizó el agua bajo la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, se han denunciado múltiples irregularidades.
El fraude de la privatización
Moreno Valle justificó la privatización alegando que la deuda del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) era insostenible y que el manejo del agua por privados mejoraría el servicio. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. Agua de Puebla, la empresa concesionaria, ha sido ineficiente, no ha realizado inversiones significativas y ha impuesto tarifas desmedidas, contraviniendo el derecho humano al agua tanto en accesibilidad como en asequibilidad.
La concesión fue otorgada a Concesiones Integrales SA de CV, conocida comercialmente como Agua de Puebla, por 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 30 años. Esta empresa, propiedad de Carlos Hank Rhon, ha sido señalada por su desempeño deficiente y su interés exclusivamente económico, realizando cortes recurrentes de agua y elevando las tarifas sin justificación.
El papel de Eduardo Rivera y Mario Riestra
Durante su mandato como presidente municipal, Eduardo Rivera apoyó políticas que favorecieron la privatización del agua y un aumento de la tarifa del 37%, a pesar de las múltiples quejas y denuncias por parte de los ciudadanos y activistas. Rivera defendió la concesión, argumentando que era necesaria para mejorar la infraestructura y el servicio, aunque las evidencias muestran que los beneficios prometidos nunca se materializaron.
Mario Riestra, quien jugó un papel crucial en el Congreso de Puebla, también apoyó la privatización. Riestra promovió y defendió la reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla, que permitió la concesión del servicio a Agua de Puebla. Su apoyo fue fundamental para la aprobación de estas políticas, a pesar de la oposición de diversos sectores de la sociedad y la Asamblea Social del Agua.
Eduardo Rivera, entre los alcaldes metropolitanos que avalaron la privatización y aumento a la tarifa del agua en 37%
Los ediles de la zona metropolitana, durante el mandato del panista Rafael Moreno Valle, son los responsables de respaldar la concesión y dar “manga ancha” a la empresa Concesiones Integrales SA de CV o Agua de Puebla para aumentar la tarifa del suministro del líquido. Eduardo Rivera, entre ellos, ha sido criticado por regalar dinero a Agua de Puebla al contratar deuda que la empresa tenía la obligación contractual de invertir en el sistema, cosa que no ha hecho según la ASA.
Eduardo Rivera «hundió» a la capital poblana por Agua de Puebla
El exedil capitalino reconoció que no hay razón para quitarle el contrato a la concesionaria, y sólo queda pedirle que mejore. Rivera Pérez mencionó que desprivatizar el agua en Puebla podría representar un gasto de 7 mil millones de pesos, debido a costos de inversión y contraprestación establecidos en el contrato con Agua de Puebla, además de mil 700 millones por un adeudo con Banobras. Sin embargo, su administración fue señalada por no hacer lo necesario para garantizar el servicio adecuado y la equidad en el acceso al agua.
Mario Riestra Piña y su papel en la privatización
Mario Riestra, durante su paso por el Congreso de Puebla, aprobó la privatización del servicio de agua potable en detrimento de la economía de las familias poblanas. En 2013, avaló la privatización del agua y ahora enfrenta críticas por su papel en la supervisión y apoyo a políticas que han perjudicado a los habitantes de Puebla. Además, Riestra aprobó la última cuenta pública del ex gobernador priista Mario Marín Torres, lo que ha generado cuestionamientos sobre su honestidad y coherencia en su carrera política.
Problemas a nivel nacional
La problemática del agua no es exclusiva de Puebla. En al menos ocho estados del país, el agua es administrada por la iniciativa privada, lo que ha generado múltiples quejas de los usuarios y denuncias de violaciones a los derechos humanos. A nivel nacional, la privatización del agua ha sido una estrategia de los gobiernos neoliberales para entregar bienes públicos al capital privado, a menudo de manera poco transparente y beneficiando a intereses particulares.
Conclusiones
La privatización del servicio de agua en Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle, con el apoyo de figuras como Eduardo Rivera y Mario Riestra, ha sido un claro ejemplo de cómo los intereses económicos pueden prevalecer sobre los derechos humanos y la justicia social. A pesar de los argumentos a favor de la privatización, la realidad ha demostrado que la gestión privada no ha mejorado el servicio y ha incrementado la desigualdad. La lucha de la ASA y otros movimientos sociales es crucial para revertir estas políticas y garantizar el acceso equitativo y justo al agua para todos los poblanos.
