Desde un rincón con aroma a humedad, en el ostracismo profesional, Saravia ha vuelto a tomar notoriedad porque en sus andanzas es hoy, defensor del excandidato a alcalde Marco Valencia Ávila, un sujeto que se ha visto en el pasado envuelto en procesos y en acusaciones judiciales.
El abogado del susodicho aseguró, en su cuenta de X (antes Twitter), que el Poder Legislativo conformó concejos municipales, sin haber sido notificado en tiempo y forma sobre las nulidades por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).
Por supuesto, tergiversa.
Aplica dosis intensas de mentira.
Pretende crear caos y confusión.
Ya ha sido corregido por la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez; también por otras instancias y personajes con verdadera autoridad moral, a diferencia de él, que es precisamente su lado flaco.
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Basta mirarlo desde el retrovisor, para hallar en su pasado un rosario largo de bandazos y traiciones.
Es abogado por la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
Tiene un diplomado en Derecho Procesal Constitucional.
Fue líder de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Es ex diputado federal del PRI.
Se le ubica como presunto operador político y financiero de la ex líderesa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo.
Fue abogado del PRI, desde el proceso electoral de 2010, con Javier López Zavala como candidato.
Es ex apoderado legal del PRI y de la ex candidata a la gubernatura de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, en las elecciones de 2016.
En el proceso electoral de 2016, Saravia fue señalado por “traicionar” al Revolucionario Institucional y hay una narrativa sólida de que “entregó” a Acción Nacional información de las impugnaciones que presentaría el tricolor.
En 2017, fue elegido por el Senado de la República como magistrado del TEEP, pero fue seleccionado con el voto en contra de la bancada del Partido del Trabajo (PT).
Su propuesta fue avalada por la priista Blanca Alcalá Ruiz y la panista Patricia Leal Islas.
Los entonces dirigentes estatales del PRD y de Morena, Socorro Quezada Tiempo y Gabriel Biestro Medinilla, respectivamente, consideraron que el nombramiento de Gerardo Saravia Rivera como magistrado del TEEP era un “pago de factura”.
El 5 octubre de 2017, presuntamente un grupo delictivo perpetró un robo en su vivienda por la madrugada.
En 2018, fue condenado por diputados morenistas, por su voto a favor de Martha Erika Alonso Hidalgo, como gobernadora electa.
La acusación fue que, aparentemente, su sufragio obedeció a una negociación entre Acción Nacional y la ex senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruiz.
Luego, en diciembre 2018 fue nombrado magistrado presidente del TEEP. Qué coincidencia.
Todo fue en su momento registrado por los medios de comunicación.
Hasta aquí las referencias.
Las conclusiones son obvias.
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