El Senado aprobó una reforma que busca proporcionar certeza laboral y seguridad social a 3 millones de jornaleros agrícolas en México. Sin embargo, la reforma no incluye medidas para proteger a estos trabajadores de los delitos que enfrentan en su vida diaria.
Redacción
Los jornaleros agrícolas en México están expuestos a extorsiones, explotación laboral, trata de personas y hasta secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado. A pesar de estas amenazas, la reforma no incluye recursos para su implementación ni medidas contra estos delitos.
Además, la reforma no prevé recursos presupuestales para que la Secretaría del Trabajo cuente con suficientes inspectores para hacer cumplir la ley en casos de explotación laboral. Tampoco se consideran recursos para garantizar la educación de los hijos de los jornaleros ni para brindarles atención médica.
Especialistas han calificado la reforma como bien intencionada pero insuficiente. Argumentan que no aborda los problemas que enfrentan los jornaleros y sus familias durante sus traslados hacia las zonas agrícolas. Tampoco se consideran las situaciones de extorsión, trata de personas y secuestros que ocurren en regiones productoras de aguacate y limón en Michoacán; en los campos de tomate de Sinaloa o donde se producen hortalizas en Guanajuato, Jalisco y Baja California.
Paulino Rodríguez del Centro de Derechos Humanos La Voz de La Montaña Tlachinollan señala que las reformas aprobadas en el Congreso no toman en cuenta la realidad de los trabajadores del campo. En los últimos tres años, han aumentado los casos de asaltos, secuestros y asesinatos entre los jornaleros agrícolas migrantes.
En resumen, aunque la reforma tiene buenas intenciones, parece omitir las realidades y desafíos que enfrentan los jornaleros agrícolas en México. Es esencial que cualquier reforma futura aborde estos problemas para garantizar la seguridad y el bienestar de estos trabajadores.
