Este 31 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, referente a la prisión preventiva oficiosa.
La nueva normativa entró en vigor el 1 de enero de 2025.
1/2 Ante la publicación en el #DOF de la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa #PPO, reafirmamos que esta figura contraviene #DerechosHumanos. La #PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una #DetenciónArbitraria. pic.twitter.com/z3Lcs7B0q1
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) January 1, 2025
¿Qué establece la reforma?
La reforma señala que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva al juez únicamente si otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar:
- La comparecencia del imputado en el juicio.
- El desarrollo adecuado de la investigación.
- La protección de la víctima, testigos y la comunidad.
Sin embargo, el juez deberá ordenar prisión preventiva oficiosa en los siguientes casos:
- Abuso o violencia sexual contra menores.
- Delincuencia organizada.
- Extorsión.
- Delitos relacionados con precursores químicos, fentanilo y drogas sintéticas.
- Delitos cometidos con medios violentos, como armas o explosivos.
- Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.
- Delitos graves en contra de la seguridad nacional, salud pública o libre desarrollo de la personalidad.
- Contrabando y actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos.
Prisión preventiva oficiosa: ¿En qué consiste?
El decreto prohíbe interpretaciones que busquen inaplicar o modificar los términos de la prisión preventiva oficiosa. Los órganos del Estado deberán apegarse estrictamente a la literalidad de esta reforma.
- Congreso de la Unión: Tiene un plazo de 180 días para armonizar las leyes con el decreto.
- Congresos estatales: Deben realizar las adecuaciones necesarias en sus normativas dentro de los próximos 365 días.
La reforma fue declarada constitucional el 4 de diciembre tras recibir el aval de 20 Congresos estatales, incluidos los de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Este cambio busca fortalecer el marco legal contra delitos graves, priorizando la seguridad y el acceso a la justicia para las víctimas y la comunidad.
