¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Esta es una medida cautelar histórica en la legislación mexicana que busca garantizar la justicia en casos que podrían poner en riesgo el correcto desarrollo de la sociedad.
Desde la Constitución de 1917, esta figura ha tenido un lugar en el sistema penal, aunque su aplicación y alcance han evolucionado para respetar las garantías de las personas, especialmente tras la reforma al Sistema de Justicia Penal en 2008.
1/2 Ante la publicación en el #DOF de la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa #PPO, reafirmamos que esta figura contraviene #DerechosHumanos. La #PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una #DetenciónArbitraria. pic.twitter.com/z3Lcs7B0q1
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) January 1, 2025
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa es una medida aplicada de manera automática en casos de delitos considerados como “graves”. Esta decisión no requiere un juicio ni una sentencia previa. Los delitos contemplados para esta medida incluyen:
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Violación
- Secuestro
- Trata de personas
- Abuso o violencia sexual contra menores
- Delincuencia organizada
- Robo de casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Corrupción (enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones)
- Robo al transporte de carga
- Delitos relacionados con hidrocarburos, armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, entre otros.
Un ejemplo de su aplicación podría ser el caso de un juez que, atendiendo un caso de homicidio doloso, decide encarcelar al imputado sin condena debido a la naturaleza del delito.
Justificada
Por otro lado, la prisión preventiva justificada no se aplica de manera automática. Requiere un análisis detallado de los riesgos que podría implicar la libertad del imputado. Entre los factores que se consideran están:
- Riesgo de fuga.
- Peligro para las víctimas o testigos.
- Posibilidad de manipulación de pruebas.
- Afectaciones al proceso penal.
Un ejemplo podría ser el caso de un exfuncionario público con acceso a recursos económicos y sociales que podrían facilitar su fuga o interferir en el desarrollo del caso.
Mientras que la prisión preventiva oficiosa se basa principalmente en la gravedad del delito, la justificada exige pruebas y un análisis específico para determinar el riesgo real que representa la libertad del imputado.
Por ello, organizaciones de la sociedad civil han señalado que la modalidad justificada es más respetuosa de los derechos humanos, ya que evita decisiones arbitrarias basadas exclusivamente en el tipo de delito.
