La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla hizo una recomendación a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública bajo el número 17/2023, en la que obliga a las dependencias la reparación del daño
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla declaró a los hermanos Valencia, del municipio de Venustiano Carranza, víctimas del estado. Ahora, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública tienen que reparar el daño a dicha familia; entre éstos, pagar gastos médicos, atención psicológica e investigar a los elementos que participaron en el cateo de sus propiedades en mayo de 2020.
Este día la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió la recomendación número 17/2023 a la FGE y a la SSP. En ésta se hace una serie de peticiones a fin de reparar el daño de la familia que, durante más de 10 años, gobernó el municipio serrano. Fue con la llegada de Miguel Barbosa al poder que vivieron una “persecución política”.
Al respecto, Marco Antonio Valencia, hermano menor del clan, explicó que la CDH los reconoce como víctimas del estado:
“Con graves afectaciones, todo conforme a las normas internacionales que documentan el delito de tortura y sus consecuencias en el protocolo de Estambul”.
Incluso, agradeció a Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por haberle ayudado a denunciar todos los “atropellos” de los que fueron víctimas. Dijo que hasta viajó a Washington, D.C., para hacer la denuncia.
¿Qué dice la recomendación a favor de los hermanos Valencia?
Pide que las dependencias del estado contacten a 15 víctimas y brinden una reparación del daño de manera integral, y que procedan a su inscripción en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, para que tengan acceso a la reparación.
También ordena al estado brindar atención médica a 4 víctimas, en especial al propio Marco Valencia, quien sufrió varias lesiones después de los cateos a su casa. Hasta señala que le deben pagar los gastos médicos que se originaron por las diversas heridas, en especial una fractura en el arco costal.
“Derivados de las lesiones acreditadas a consecuencia del cateo ilegal, arbitrario y el uso excesivo de la fuerza que agentes estatales de investigación ejercieron en su agravio, lo que deberá de justificar ante este organismo”.
También pide que brinden atención psicológica a 4 víctimas durante los operativos, y deberán de acreditar que sí se les otorgó dicha atención. Pide a la FGE que dé cursos o talleres y capacitaciones a su personal, para que cumpla con los protocolos en materia de derechos humanos. También que designe a alguien del personal para que dé seguimiento a la recomendación.
A la Secretaría de Seguridad Pública pide que inicie un procedimiento administrativo e investigue a los elementos que participaron en los cateos y operativos en contra de los Valencia.
En mayo de 2020, elementos de la FGE y de la SSP entraron a los domicilios de los hermanos Valencia, en la madrugada sin órdenes de cateo. En el lugar supuestamente encontraron armas de fuego y bidones de gasolina. Además, a la esposa del exalcalde Rafael Valencia la detuvieron cuando viajaba en su vehículo.
Los hermanos Valencia fueron acusados por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta de huachicoleros y narcotraficantes. Sin embargo, la persecución en su contra se debió a que apoyaron y fueron operadores electorales de la exgobernadora Martha Erika Alonso, en las elecciones del 2018.
