Gracias a los esfuerzos de diálogo impulsados por el gobierno de Sergio Salomón, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha logrado un acuerdo para la reapertura de la autopista México-Puebla y otras cuatro vialidades, a partir de la mañana del 10 de agosto. Este acuerdo se alcanzó tras una reunión entre el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, y el encargado de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación federal, Tonatiuh Ramírez Guevara, con abogados y ejidatarios de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México.
Durante el encuentro, en el que también participaron el subsecretario de Gobernación estatal, Enrique Rivera Reyes; el delegado de la Secretaría de Gobernación federal, Álvaro José Fojaco Rojas; y el coordinador regional Noreste, Andrés Galán Robles, se acordó que la próxima semana se establecerán mesas de trabajo con autoridades federales y estatales para atender de manera directa cada caso específico. Estos encuentros tendrán como objetivo proporcionar acompañamiento y resolver las demandas de los ejidatarios, ya sea de manera individual o colectiva, dependiendo de la situación jurídica de cada uno.
Entre los ejidos representados en la reunión se encontraban Santa María Texcalac, Acolihuia, Michac, López Rayón, San Pedro Matamoros, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, San Martinito, San Antonio Calpulalpan y Hueyotlipan. Estos grupos han estado involucrados en el bloqueo de la autopista México-Puebla, exigiendo atención a sus demandas y una solución justa a sus problemáticas.
El secretario Javier Aquino Limón destacó la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo con todas las partes involucradas, subrayando que la resolución pacífica de los conflictos es fundamental para garantizar la gobernabilidad y la paz social en el estado. Además, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de Puebla de respetar y proteger los derechos de todos los ciudadanos, promoviendo la comunicación permanente como herramienta clave para alcanzar estos objetivos.
Este acuerdo representa un paso importante para resolver las tensiones en la región y asegurar el libre tránsito en una de las vías más importantes del país. Las autoridades continuarán trabajando en conjunto con los ejidatarios para garantizar que sus demandas sean atendidas de manera justa y equitativa, asegurando así la estabilidad y el bienestar de las comunidades afectadas.
